Según la legislación española en un parque nacional, siguiendo el modelo estadounidense, no se puede realizar ninguna actividad económica o empresarial. Allí, en el siglo XIX, tenía cierto sentido. Sus territorios eran prácticamente vírgenes y la explotación humana que pudieron haber albergado era mínima, si es que la hubo. Aquí, en España, territorio poblado y utilizado desde hace miles de años, la realidad es bien distinta y, por lo tanto, la legislación debería reconocer esas particularidades inherentes a nuestro pasado.
Sea como fuere, lo cierto es que nuestra legislación establece que está prohibido cualquier tipo de negocio, de actividad económica o empresarial en nuestros parques nacionales.
Así, sorprende que al llegar al centro de visitantes del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel veamos unos aparcamientos, los mejores, por cierto, reservados para empresas. ¿Sorprendente? Bueno, es solo el aviso de lo que está ocurriendo. A una hora prudente empezarán a llegar los vehículos de esas empresas...y sus clientes. Iniciarán las visitas guiadas. Recorrerán los caminos circundantes y penetrarán en zonas vedadas al resto de los visitantes. Para eso han pagado una cantidad de dinero a una empresa. Por si fuera poco, los conductores, guías de naturaleza, pararán varias veces para abrir y cerrar candados que darán acceso a rincones restringidos. Incluso atravesarán el humedal por una pequeña presa de tierra...para ahorrar tiempo y dinero, suponemos.
Así se empieza pero no sabemos por dónde se acaba...Bueno, tenemos alguna idea. Por ejemplo, se puede impedir a los grupos ecologistas organizar algún acto totalmente inocuo para el medio por la curiosa razón de que tienen un alto contenido político y luego dar todas las facilidades cuando los líderes políticos vienen aquí exclusivamente para conseguir un escenario que, en realidad, no les corresponde. ¿Lamentables actuaciones de un director y de quiénes lo mantienen o sencillamente tiempos de liberalismo económico a ultranza?
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