Imagina que estás en un conflicto de cualquier tipo con una persona. Interviene la Guardia Civil, que, en teoría, no puede tomar partido y que se da cuenta de que, sean las razones que sean las que esgrime tu oponente, estás en una situación legal. Y, en ese momento el contrario llama a su abogada. Esta, rápidamente, contacta telefónicamente con una institución pública y pide información sobre ti. La ley de Protección de datos no sabemos dónde queda, pero muy debajo de los tobillos. Por si fuera poco, se permite el lujo de facilitar una información completamente falsa sobre ti y tu situación, supuestamente basándose en un documento legal. Prosigue la letrada con su plan para satisfacer a su exigente cliente. Comunica con uno de los guardias civiles que se encuentran interviniendo, y les cuenta la misma mentira más una supuesta información, también falsa, de dicha institución.
Como le parece poco y los guardias civiles no acceden a las pretensiones de su defendido, se persona allí, en el lugar de los hechos. Sin presentarse, sin saludar, pregunta que qué estoy haciendo, cómo si tuviera alguna autoridad. Le digo que no tengo nada que hablar con ella y que salga de mi propiedad. Inicia sus peticiones, o exigencias, a los guardias civiles, para que les vuelva a mostrar a ellos, y a ella, la documentación que ya han examinado detenidamente hace un rato. Les digo que ese documento no tengo problema en mostrárselo otra vez pero, lógicamente, no a ella.
Aprovecha la supuesta defensora de mi vecino el tiempo que tardo en ir a mi coche a por los documentos y en volvérselos a enseñar al guardia civil, para decir a los trabajadores que tengo contratados que no sólo me denunciará a mí, porque según ella hay una sentencia judicial que me impide hacer lo que estoy haciendo, que es falso, y, por si fuera poco, el permiso que he utilizado es falso, que también es mentira, sino que los denunciará a ellos también.
Cuando veo lo que está haciendo le digo varias veces a la abogada, que ya conozco y que ya mintió deliberadamente en un juicio contra mi, con respeto y educación, que salga de mi finca, que no tengo nada que hablar con ella y que no puede hablar con mis trabajadores. Me dice que es libre de hablar lo que quiera y le contesto que sí, pero no en mi finca, en período de trabajo. El guardia civil se deja llevar y viene a ratificar la insensatez y desfachatez de esta persona que está, en realidad, colaborando en un delito de coacciones. Lo que yo le niego no es la posibilidad de hablar con quién quiera ni de lo que quiera sino que lo haga en mi propiedad, con los trabajadores que yo he contratado y en horario laboral. Y esto es muy distinto a la libertad de expresión que, efectivamente, respeto y defiendo, quizás mucho más que estas dos personas que confunden totalmente la realidad.
Como intento convencer a los trabajadores que he contratado de que todo lo que les ha dicho es falso y que les pagaría, llegado el caso, los gastos o multas que se les pudieran imponer por seguir trabajando, arremete verbalmente diciéndoles que seguir trabajando tendría consecuencias penales. Un poco después llega a pedir a los guardias civiles que tomen los datos de los trabajadores, a lo que le dicen que, por el momento, no es necesario.
Tras muchos intentos para que se valla de mi finca, para que la Guardia Civil proteja mis derechos, cosa que no han hecho en ningún momento, como tampoco lo hicieron el sábado de la semana previa a estos hechos, y tras intentar convencer, sin éxito, a los trabajadores para que sigan con su trabajo, éstos, deciden parar el trabajo e irse.
Eso, lo que he narrado, lo que ocurrió, no es lo que dicen los códigos éticos y deontológicos de la abogacía. Lo que hizo la abogada fue colaborar muy activamente en un delito de coacciones, amedrentando, amenazando, coaccionando a unos trabajadores para que abandonaran sus labores, tal y como le había su cliente.
Estos hechos, resumidos, tuvieron lugar en Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad Real, el día 29 de julio de 2020.
Y, como decía al inicio de esta entrada, imagina que tienes un conflicto y ni la Guardia Civil ni nadie te ampara, a pesar de tener toda tu documentación en regla, y, para colmo, te paralizan la obra amedrentando y coaccionando a tus trabajadores, amenazándolos con denuncias incluso penales.
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